Comisión de Medio Ambiente del Senado conoció brechas de la industria salmonera en materia de derechos humanos

La Dra. Judith Schönsteiner, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, presentó ante la instancia las principales conclusiones de estudio realizado en 2020 por el Centro de Derechos Humanos de la UDP, que analizó extensivamente la normativa del sector.

Brechas importantes en materias como la regulación de concesiones acuícolas, fiscalización estatal, protección ambiental, consulta indígena y acceso a la justicia.

Estas son algunos de los hallazgos del estudio Normativa aplicable a la industria del salmón en Chile: brechas con los estándares internacionales en materia ambiental, laboral y de derechos humanos, publicado en julio de este año por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, y que este lunes conoció la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

La presentación de estos resultados estuvo a cargo de la Dra. Judith Schönsteiner, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, quien lideró el equipo de trabajo que desarrolló una revisión y estudio sistemático de la normativa ambiental, laboral, sanitaria y algunas políticas públicas relevantes para el sector, labor plasmada en el documento de 140 páginas que da cuenta de las deficiencias existentes en la principal actividad económica del sur de Chile. 

Brechas ambientales y de DDHH

En una exposición de 16 minutos, la profesora dio un resumen del trabajo realizado que su equipo realizó en 2020 —a solicitud del Instituto Danés de Derechos Humanos—, enfocándose en temáticas ambientales, indígenas e institucionales. 

Entre los problemas, identificó “brechas importantes con los estándares internacionales, especialmente falta de recursos humanos y financieros para la fiscalización, falta de garantías de independencia de la fiscalización estatal”.

También afirmó la existencia de incentivos “débiles” para la reducción y prevención de escapes masivos e insuficiente regulación del uso de antibióticos y protección de la biodiversidad, como también la autorización de concesiones en áreas protegidas en la Región de Magallanes “que contravienen el derecho internacional sobre la materia, especialmente de territorios indígenas, pero también de biodiversidad”.

La experta en derechos humanos además hizo hincapié en que la prórroga de las concesiones acuícolas —que duran 25 años— no responde a criterios ambientales suficientes para cumplir con los estándares internacionales. 

“En particular es insuficiente el estándar solo un 50 % de INFAs con resultado de condiciones aeróbicas durante toda la vigencia de la concesión. O sea, puedo cumplir al inicio o solamente al final”.

Y además recalcó que la consulta indígena no se aplica cuando ingresan proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, fundamentalmente porque estos ingresan vía declaración y no como estudio, por lo que no están obligados a hacer consulta.

Otro punto que también puso sobre la mesa fue la falta de acceso a la Justicia por parte de comunidades y sociedad civil. “Hay ayuda legal en parte para lo laboral, pero no para lo ambiental. En este momento solamente trabajan algunas clínicas jurídicas y algunas ONG, pero con fondos propios, y eso es insuficiente como para poder trabajar esta parte. Creo que si hubiera más fondos efectivamente se podrían también ciertos juicios, porque simplemente se podría trabajar antes en otras formas alternativas de solución de conflicto”, sostuvo.

Mientras que en materia de transparencia, si bien afirmó que Chile cuenta con un sistema “bastante transparente” a través de la información que publica Sernapesca, de todas maneras para las comunidades y consumidores es insuficiente porque “es muy técnica, muy compleja, muy difícil encontrar, y en ese sentido no es amigable para las personas o no es accesible”.

Recomendaciones

Ante todas estas falencias, la Dra. Schönsteiner afirmó que la labor del Estado debe orientarse en “hacer eficaz” el enfoque preventivo presente en la ley ambiental y en la ley de pesca.

“La lógica de derechos humanos y el derecho de vivir en un ambiente sano es principalmente preventiva e incluso los principios rectores de las Naciones Unidas […] es muy explícito en un enfoque preventivo”, aseguró.

Incluir criterios ambientales más estrictos para la renovación de las concesiones, asegurar el respeto de áreas protegidas, y revisar los baremos de sanciones, fueron algunas de sus recomendaciones, como también mejorar el sistema de fiscalización, la consulta indígena, la transparencia e implementar mecanismos de certificación ambientales. 

Tras finalizar su presentación, la Dra. Schönsteiner recalcó ya presentó el informe a la industria y que hoy las compañías “se interesan más por el estudio que hicimos que el Ejecutivo”, en referencia a que Sernapesca se negó en su momento a participar en este trabajo.

“Se interesaron especialmente a los mecanismos de gobernanza que son suyos, cuestiones de los mismos principios rectores, de implementar la debida diligencia. Ven que eso se hace en otras industrias, en las empresas transnacionales, y que todavía en la industria de la acuicultura del salmón es muy incipiente”.

“Gobernanza, cuestiones de los mismos principios rectores, de implementar la debida diligencia. (Las empresas) ven que eso se hace en otras industrias, en las empresas transnacionales, y que todavía en la industria de la acuicultura del salmón es muy incipiente.

“Pero si estos mecanismos de gobernanza no responden a incentivos regulatorios para los mínimos, no resulta la visión sistémica, y ciertamente tampoco funcionaria si no trae un beneficio hacerlo mejor”, advirtió.

“Si efectivamente ciertos barrios (salmoneros) se lograran certificar con estándares ambientales, si el Estado lograra poner incentivos para ello —agregó la académica—, eso podría premiar a los mejores de la industria y eventualmente sensibilizar a los consumidores”.

La sesión también contó con la participación de la Dra. Doris Soto del Centro INCAR de la Universidad de Concepción, quien habló del uso de un enfoque de riesgo a escala de ecosistemas como sistema normativo de la industria salmonera.