Organizaciones ambientalistas apoyan endurecer normativa sobre escapes de salmones

WWF Chile y Oceana se manifestaron en Comisión de Pesca del Senado a favor indicaciones de proyecto de ley sobre la materia, como la presunción de daño ambiental de todo evento y la sanción con la caducidad de concesión en caso de reincidencia.

Su respaldo a establecer nuevas sanciones disuasivas para evitar los escapes de salmones y que ante todo evento sea siempre responsable la empresa salmonera, manifestaron Oceana Chile y WWF Chile en la más reciente sesión de la Comisión de Pesca y Acuicultura del Senado.

El encuentro, realizado de manera virtual el pasado 9 de diciembre, contó con la participación de ambas organizaciones medioambientalistas, y de los integrantes de la Comisión, los senadores Ximena Rincón, Rabindranath Quinteros, David Sandoval, Adriana Muñoz y Kenneth Pugh. 

En la ocasión, tanto Oceana como WWF entregaron su visión de las últimas indicaciones al proyecto de ley (boletín 11571-21) que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de uno de los problemas más reiterados de la industria: el escape de especies salmonídeas desde centros de cultivo.

Las cifras han sido claras: entre 2010 y 2020 se han reportado 73 eventos de escapes de salmones, los que suman más de 4,8 millones de ejemplares fugados, según cifras del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Y siete de estos siniestros han ocurrido, al mes de agosto, en lo que va de este año.

El proyecto original, ingresado a la Cámara de Diputados en 2018, consideraba la autorización a la pesca artesanal de la extracción de especies salmonídeas, penas más duras en casos de robo de salmones desde centros de cultivo y ruptura intencional de redes que provoquen escapes, y la asistencia de organizaciones de pescadores artesanales en labores de recaptura, entre otras medidas.

Pero luego de ser aprobado por el Senado en septiembre de este año, ahora la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara Alta debe revisar nuevas indicaciones, referentes a materias como el establecimiento de la presunción de daño ambiental ante cualquier evento de escape, multar al titular con el valor de la cosecha en los casos en que no cumpla con las condiciones de seguridad del centro según establezca el reglamento, también multar por el doble del valor de cosecha de los peces escapados, la caducidad de la concesión en caso de un segundo evento es un mismo centro, y el deber del titular de realizar un monitoreo de los ejemplares fugados en el área geográfica del siniestro, ante todo evento.

Planteamientos sobre indicaciones

A comienzos de este mes, SalmonChile, el Consejo del Salmón y la Asociación de Salmones de Magallanes —los principales gremios de las empresas salmoneras—, plantearon en la Comisión su rechazo a algunas de las indicaciones, como la presunción de daño ante todo evento y las fuertes multas.

Y ahora fue el turno de las ONG.

Javiera Calisto, abogada de Oceana Chile, presentó la postura de la organización y manifestó que el riesgo de escapes de salmones “es propio de la actividad del salmón que se desarrolla en nuestro país. Por lo tanto, nos parece completamente positivo que cambiemos de un sistema de responsabilidad subjetiva a un sistema de responsabilidad objetiva”.

En este sentido, detalló la postura a favor de que la responsabilidad por el escape de salmones será objetiva —presumiéndose el daño ambiental—, “porque hemos hecho un seguimiento de las causas que ha llevado la Superintendencia de Medio Ambiente una vez que ocurren los escapes de salmón, y solamente en la etapa administrativa la Superintendencia se demora al menos dos años en poder determinar la responsabilidad, ya que existe alta complejidad en poder desarrollar este tipo de procedimientos. Bajo un sistema de responsabilidad objetiva, la Superintendencia va a poder desarrollar sus tareas de manera mucho más fácil, y por lo tanto se van a poder aplicar sanciones de forma mucho más rápida y correcta”.

Asimismo, Calisto calificó como "muy importante" la incorporación de nuevas causales de caducidad de concesiones.

“Creemos que es muy positivo que se sancionen los escapes con la caducidad tanto de la RCA como de la concesión por reiteración de escape”, sostuvo. Además valoró la incorporación de otras situaciones como causales de caducidad, como la entrega de información falsa o incompleta, o por condiciones anaeróbicos en centros marinos —la legislación actual solo lo contempla en concesiones lacustres—. 

Cristina Torres, coordinadora del programa de conservación marina de WWF Chile, por su parte, calificó como “problemático” que la industria afirmara en la sesión anterior que varios eventos de escape ocurren por razones desconocidas.

“Con la tecnología que existe en Chile, eso no puede pasar”, afirmó, por lo que “creemos firmemente que la responsabilidad debe recaer en las empresas productivas, completamente, porque mucho se habló de que los escapes eran por mala mantención, por casos de tormentas, pero estos son eventos, (que ocurren) especialmente por cambio climático, y que van a estar ocurriendo cada vez más. Esta es la realidad”.

También sostuvo que no se puede asegurar que no habrá daños ambientales por escapes. “Acá se necesita aplicar el principio precautorio y tenemos suficientes estudios e información para decir que sí hay evidencia que hay daños ambientales”.

Por otro lado, Torres planteó como "fundamental y urgente" implementar el uso de matrices de riesgo. y sobre las sanciones, obviamente recomendamos que estas sean disuasivas, explícitas para las empresas".

En la sesión también entregó su visión Yohana Coñuecar Llancapani, presidenta de la Asociación de Comunidades Indígenas de Hualaihué. Coñuecar se refirió al hundimiento del centro Caicura de la empresa Blumar, ocurrido en el seno de Reloncaví en junio de este año, que terminó con la biomasa a casi 300 metros de profundidad, y que hasta el día de hoy aún no se rescata. Al momento del accidente, el centro contaba con más de 875 000 peces. 

La dirigente se refirió a los impactos de la biomasa en el fondo marino y a  la incertidumbre existente en las 23 comunidades que representa, pues el accidente ocurrió dentro del espacio costero marino de los pueblos originarios Mañihueico-Huinay.

En este sentido, planteó la necesidad de que se exija a todo proyecto salmonero la realización de un estudio de impacto ambiental —hoy solo se exige una declaración de impacto ambiental—, "porque gracias a un estudio podemos identidicar cómo se comportaba un espacio (marino) antes de un centro de cultivo".

La Comisión de Pesca y Acuicultura volverá a revisar las indicaciones este miércoles 16 de diciembre, a partir de las 11:30 h.